Secretario Ejecutivo de la CNE aborda desafíos de la revisión de contratos de suministro eléctrico en seminario del Centro de Regulación y Competencia

19 de noviembre del 2026

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Carlos Barría Quezada, participó como panelista en el seminario“Contratos de suministro eléctrico: perspectivas para la implementación del mecanismo de revisión”, organizado por el Centro de Regulación y Competencia (RegCom) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. La actividad reunió a representantes de la industria eléctrica, académicos y especialistas para analizar los alcances y desafíos de la implementación del mecanismo de revisión de contratos de suministro para clientes regulados establecido en la Ley N.° 21.833.

La jornada contempló una presentación de Carlos Suazo, director ejecutivo de SPEC, seguida de un panel de conversación integrado por Carlos Barría, Catalina Medel, directora del RegCom, y Andrea von Chrismar, socia de Prieto Abogados, bajo la moderación de Javier Bustos, subdirector del RegCom.

Durante su intervención, Barría destacó que el mecanismo contemplado por la ley constituye una medida excepcional que debe implementarse resguardando los principios que han sustentado históricamente el desarrollo del mercado eléctrico chileno.

“Los contratos fueron firmados y adjudicados en condiciones de mercado distintas a las que observamos actualmente. Sin embargo, la propia naturaleza de los contratos es actuar como una cobertura frente a los cambios que ocurren en los mercados, entregando certezas tanto a los suministradores como a los clientes”, señaló.

En este contexto, enfatizó que la certeza jurídica debe constituir uno de los pilares fundamentales del proceso. “Es fundamental que tanto la estructura como la ejecución del mecanismo mantengan adecuadamente el marco de certeza jurídica. La ley estableció esta alternativa de revisión contractual como una medida única y excepcional, por lo que resulta esencial resguardar la confianza en la institucionalidad y en las reglas del sector”, dijo la autoridad.

Asimismo, relevó la importancia del principio de voluntariedad, destacando que cualquier modificación contractual debe originarse en la decisión de las partes involucradas. “La voluntariedad de cambiar el precio, el plazo u otras condiciones es un elemento primordial. Es un aspecto que debe protegerse tanto en el diseño del reglamento como en la construcción del mecanismo que posteriormente deberá implementar la Comisión”, agregó.

El Secretario Ejecutivo también abordó la necesidad de compatibilizar una reducción de tarifas para los clientes regulados con una adecuada evaluación de los impactos económicos de largo plazo, explicando que “la eficiencia económica no debe analizarse únicamente en función de los próximos años. Este es un mercado de largo plazo y las decisiones que se adopten hoy tendrán efectos futuros. Por eso es necesario evaluar integralmente los beneficios y costos asociados a cada alternativa”.

Transparencia y trazabilidad como elementos centrales

Durante el panel, Carlos Barría destacó que el éxito del mecanismo dependerá en gran medida de la capacidad de asegurar un proceso transparente y verificable por todos los actores involucrados. “Esta no es una negociación bilateral entre partes privadas. Estamos frente a un mecanismo establecido por ley que puede impactar directamente a los clientes regulados. Por eso el proceso debe ser trazable, transparente y verificable en cada una de sus etapas”, reveló.

Ante consultas sobre la posibilidad de que terceros puedan revisar los resultados de las evaluaciones que realice la CNE, explicó que el procedimiento está siendo diseñado precisamente para facilitar el escrutinio público y técnico. En ese contexto, dijo que “el reglamento y el mecanismo, en línea con los principios de transparencia y trazabilidad, deben permitir que otras instituciones y los propios interesados puedan revisar cada una de las etapas del proceso y reproducir los resultados. Es fundamental que el resultado final, desde el primer número hasta el último, sea completamente trazable y transparente”.

Agregó, además, que la robustez jurídica y económica del procedimiento será clave para fortalecer la confianza en la institucionalidad. “Este mecanismo tiene que ser lo suficientemente transparente y robusto para que resulte bien. Su éxito no solo se medirá por los resultados que obtenga, sino también porque preserve la institucionalidad contractual que caracteriza al mercado eléctrico chileno”.

Resguardar la competencia y fortalecer la institucionalidad

Otro de los aspectos destacados por Barría fue la necesidad de proteger la competencia como uno de los pilares del mercado eléctrico nacional.

“Cuando hablamos de un mercado eléctrico competitivo, hablamos principalmente de su mercado de contratos. Esa institucionalidad contractual es una fortaleza reconocida dentro y fuera de Chile, y debe ser resguardada durante todo este proceso”.

Asimismo, señaló que la implementación del mecanismo representa una oportunidad para demostrar la solidez de la institucionalidad sectorial, ya que “frente a la incertidumbre, el proceso tiene que estar blindado. El procedimiento debe ser impecable, transparente y cumplir con todos los principios que hemos comentado. Lo importante es que, si eventualmente volviera a ocurrir una situación similar, tanto la institucionalidad como el mercado y los clientes finales puedan constatar que el proceso se desarrolló correctamente”.

El Secretario Ejecutivo enfatizó, además, que las definiciones que se adopten deberán considerar tanto los efectos inmediatos como los impactos futuros sobre los consumidores regulados, ya que este es un mercado de largo plazo y las decisiones que se tomen hoy tendrán efectos en el mediano y largo plazo. «Por ello, dentro del diseño será fundamental evaluar los impactos económicos de las distintas alternativas tanto para los clientes actuales como para los futuros”, dijo.

Finalmente, destacó la relevancia del proceso de consulta pública que acompañará la elaboración del reglamento, destacando que permitirá incorporar las visiones de la industria, la academia y otros actores relevantes. “La consulta pública permitirá discutir los detalles del reglamento y del mecanismo, incorporando las observaciones de las distintas instituciones y personas interesadas. Ese diálogo será clave para construir una herramienta sólida, transparente y que cumpla adecuadamente con los objetivos para los cuales fue creada”.

Barría concluyó señalando que el foco final de este proceso debe mantenerse en los consumidores regulados y en el fortalecimiento de un mercado eléctrico competitivo, eficiente y confiable. “No debemos olvidar que este mecanismo está enfocado en los usuarios finales regulados. El desafío es lograr el mejor resultado posible, resguardando la institucionalidad, promoviendo la competencia y asegurando que las decisiones adoptadas contribuyan al bienestar de los consumidores y a la estabilidad del sector eléctrico”, cerró la autoridad.

 

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