Sala del Senado aprueba Proyecto que modifica la Ley de Servicios de Gas
La Sala del Senado aprobó el proyecto que modifica la Ley de Servicios de Gas, quedando en condiciones de ser visto en tercer trámite en la Cámara de Diputados.
A la sesión asistió el Ministro de Energía, Andrés Rebolledo y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Andrés Romero.
El proyecto de ley que modifica la ley de servicios de gas mantiene y asegura que el régimen tarifario no exceda el límite de rentabilidad establecido por ley para las empresas concesionarias de distribución de gas de red de 9%, el cual será controlado por la Comisión Nacional de Energía, a través del chequeo anual de rentabilidad.
Adicionalmente, la iniciativa legal señala que en caso que una empresa exceda la tasa de rentabilidad máxima permitida, se activará un proceso de fijación tarifaria para dicha compañía, la cual, además, deberá devolver a sus clientes el monto equivalente al exceso de rentabilidad obtenido.
El proyecto plantea un fortalecimiento institucional del chequeo de rentabilidad, detallando en la ley su metodología de cálculo, estableciendo instancias de participación y aumento del período de análisis de uno a tres años.
Asimismo, el proyecto de ley establece que en un régimen de tarificación, los servicios de gas residenciales y comerciales, así como los servicios de gas industriales (con consumos mensuales igual o inferior a 5.000 Gj) estarán sujetos a tarifa garantizada.
El proyecto contempla por primera vez para la industria de distribución de gas un órgano técnico independiente para la resolución de controversias en materia tarifaria y de chequeo de rentabilidad, el Panel de Expertos.
La actual Ley de Servicios de Gas data de 1931, y la última modificación relevante se produjo en el año 1989, ante la llegada del gas natural, marco regulatorio que presenta vacíos y no ha sido actualizado en 25 años.
En los últimos chequeos de rentabilidad realizados por la Comisión Nacional de Energía se evidenciaron que distribuidoras de gas del país sobrepasaron la rentabilidad límite de 11% permitida por ley, debido al vacío regulatorio y donde los consumidores han quedado desprotegidos.