La Comisión Nacional de Energía envió el lunes 27 de diciembre su respuesta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia donde expresó su oposición a la medida precautoria establecida para la Norma Técnica para la programación y coordinación de la operación de unidades que utilicen gas natural licuado regasificado, publicada en octubre de 2021, solicitando su alzamiento.
La Comisión Nacional de Energía abordó durante 2021 la modificación de la norma técnica de GNL (NT de GNL), que se encontraba vigente desde 2016, con una modificación menor en 2019.
El propósito del trabajo de 2021, y que se tradujo en la NT emitida en octubre pasado, fue acotar las inflexibilidades de GNL a un óptimo global para el sistema, reduciendo los grandes niveles de inflexibilidades observados en años anteriores (con la norma de 2016), pero sin desincentivar el uso del GNL, el cual es esencial para la seguridad del suministro, en especial en condiciones de sequía y de retiro de centrales a carbón, como las actuales circunstancias.
Precisamente debido a lo anterior, como CNE, haciendo uso de la instancia concedida por el TDLC, ha comparecido oponiéndose a la medida precautoria. La nueva versión de la NT reduce las inflexibilidades respecto de la anterior vigente desde 2016. Ni la FNE ni el Coordinador, a través de su Unidad Especializada en Libre Competencia, han detectado comportamientos anticompetitivos de los agentes involucrados, ni con la norma vigente, ni con la anterior que, como está dicho, permitía niveles mucho mayores de inflexibilidades que la presente.
La medida cautelar puede ser especialmente grave dada la presente de sequía, la vigencia de un decreto de racionamiento y el alto precio del GNL que hoy existe en el mercado internacional, producto además de su escasez. Dadas las condiciones anteriores, es contrario al interés común imponer trabas adicionales a las compras y suministro de GNL, eliminando totalmente la posibilidad de suministrar gas de manera inflexible.
Cabe recordar que la CNE no es un agente en los mercados, sino un organismo público altamente tecnificado, que ha velado y seguirá velando por la aplicación de las más adecuadas condiciones de operación en beneficio de todos los agentes del sector, en especial los consumidores y familias chilenas.